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Siles explic que la ley no solo buscar «remediar esa injusticia», sino tambin para beneficiar a otros grupos carcelarios.

El viceministro de Justicia de Bolivia, Csar Siles, denunci el «armado de causas» por parte del Gobierno de facto de Jeanine ez y explic que decidieron recurrir a la ley de indulto y amnista aprobada hace unos das para «remediar esa injusticia» y para empezar a resolver el hacinamiento carcelario, especialmente en medio de la pandemia de coronavirus.

«Hemos sido testigos de vulneraciones de derechos y garantas fundamentales con el armado de procesos polticos a medida del Gobierno golpista y que ha generado aproximadamente 1.500 personas injusta e indebidamente procesados nicamente durante el Gobierno de facto», afirm Siles en una entrevista con Tlam.

La medida pretende alcanzar a 3.180 personas, a diferencia del decreto presidencial 4.226 aprobado el ao pasado por ez para descongestionar las crceles en plena pandemia, que alcanz a 382 personas.”

Siles, quien junto con al ministro de Justicia, Ivn Lima, fue abogado de varios de los «perseguidos polticos» durante el Gobierno de facto de ez, ya haba sido testigo antes de asumir que muchas causas a dirigentes polticos opositores al golpe se caan por s solas al llevarlas ante la Justicia.

«Pero al existir tantas causas en todo el pas armadas sin motivo legal alguno, hemos visto la necesidad de proyectar conjuntamente con el Ministerio de Gobierno este decreto presidencial (4.461) aprobado el viernes pasado», explic el abogado y ahora viceministro.

El debate de la ley de indultos el viernes pasado en la Asamblea Legislativa fue calificado como una acto de Justicia por el oficialismo y denunciado como «dictatorial» e «inconstitucional» por la oposicin.

Uno de los temas que ms polariz y tens la discusin es que uno de los beneficiados es el expresidente Evo Morales, quien estaba acusado de genocidio y extremismo por supuestamente organizar y alentar los bloqueos de rutas y las movilizaciones contra el Gobierno de facto de ez.

Siles explic que la ley no solo buscar «remediar esa injusticia», sino tambin para beneficiar a otros grupos carcelarios.

Entre los beneficiados se hallan personas con enfermedad crnica, en estado terminal, mujeres embarazadas, adultos mayores, padres y madres de nios menores de 12 aos, tutores de personas con discapacidad y vctimas de retrasos de la administracin de justicia, que no se encuentran dentro del grupo que el Gobierno califica de perseguidos polticos.

La medida pretende alcanzar a 3.180 personas, a diferencia del decreto presidencial 4.226 aprobado el ao pasado por ez para descongestionar las crceles en plena pandemia, que alcanz a 382 personas.

Segn Siles, las crceles bolivianas tienen capacidad para 6.765 personas, pero actualmente albergan a 17.863, lo que se traduce en un hacinamiento del 167%.

El Gobierno espera que el proceso no tarde ms de 10 das en hacerse efectivo, ya que se trata de un trmite «gil» en el que la persona alcanzada por el indulto o la amnista solo tendr que firmar una solicitud.

«El trmite lo va a realizar la Direccin de Rgimen Penitenciario, cuando se trata de indulto y el Servicio Plurinacinal de Defensa Pblica si se trata de amnista» y, luego, deber ser homologado por el rgano judicial, explic el viceministro.

Para dar mayor celeridad al trmite, el Ministerio de Justicia despleg brigadas mviles en todo el pas.

«Tengo el mandato claro del Ministro (Lima) y del Presidente (Luis Arce) de poder llegar lo antes posible a este universo que nos hemos propuesto de 3.180 personas aproximadamente en el menor tiempo posible», expres Siles.

Con el indulto y la amnista, el Gobierno apunta a resolver las cuestiones estrictamente procesales, pero mientras prepara un proyecto de ley para una reparacin integral para aquellas personas que durante el levantamiento y posterior golpe de Estado de 2019 fueron despedidas de sus trabajos y se quedaron sin seguro de salud y para reparar a los heridos o familiares de los asesinados.