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La Justicia de Paz colombiana documenta ms de 2.000 desaparecidos por grupos armados

Más de 2.000 personas fueron desaparecidas a la fuerza en el noreste de Colombia, en el área donde se construye la mayor hidroeléctrica del país, reveló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto interno.

«La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha determinado que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia», señaló el tribunal en un comunicado, en.el marco del proceso de medidas cautelares que impuso para proteger los lugares donde podrían hallarse algunos cuerpos.

Estos crímenes, que se produjeron en el marco del enfrentamiento entre fuerzas guerrilleras, paramilitares y del Estado colombiano en el departamento de Antioquia, tuvieron un «incremento inusitado» a partir de 1996, informó la agencia de noticias AFP.

El auge de estos crímenes se dio durante los años 2001 y 2002, cuando fueron desaparecidas 358 personas. Sin embargo, el «número de desapariciones se reduce de manera consistente» desde 2010, señaló en un comunicado la JEP creada a partir de los acuerdos de paz de 2016 con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los grupos enfrentados, principalmente los paramilitares que en la época combatían a la exguerrilla, sembraron terror con esta práctica en un vasto territorio del departamento de Antioquia, bañado por el río Cauca y donde se llevan a cabo las obras de la megarrepresa Hidroituango.

El alto tribunal estableció que las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares como el Bloque Mineros y el Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de la antigua guerrilla de las FARC, y por unidades de la fuerza pública.

«En esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades», subrayó-

De acuerdo con la JEP, los datos «permiten constatar que este grave crimen tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 % de las víctimas)».

Solo este año la JEP ha ubicado ocho de ellos «con signos de muerte violenta» en el área de la hidroeléctrica.

La Fiscalía, por su parte, exhumó otros 176 despojos en los últimos años en la misma zona, de acuerdo con el comunicado.

De momento, ni la JEP ni Hidroituango precisaron si las investigaciones podrían incidir en los trabajos en curso.

El proyecto energético está bajo la lupa de la Contraloría General por los retrasos y un millonario sobrecosto.

Con un presupuesto inicial de unos 1.700 millones de dólares, la construcción pasó a valer el equivalente a 3.700 millones.

Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).

Aunque el desarme de los paramilitares (2006) y las FARC (2017) redujo la intensidad del conflicto, Colombia está abocada a un nuevo ciclo de violencia por cuenta de las organizaciones que se financian del narcotráfico.

En casi seis décadas de lucha interna se han reportado nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, siendo estos últimos los que componen la mayor población afectada.