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Igual que su padre, los hermanos están investigados por haber participado supuestamente en la trama de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a varios gobernantes de países latinoamericanos y africanos a cambio de contratos de obras públicas.

Según la Fiscalía panameña, el exmandatario gestionaba los pagos y los trámites con la constructora a través de sus hijos, lo que incluyó la financiación de la campaña electoral del partido de Martinelli para las elecciones presidenciales de 2014.

Odebrecht reconoció ante la Justicia que durante el gobierno de Martinelli (2009-2014) pagó sobornos por más de 50 millones de dólares a cambio de contratos de obras tales como la construccion de rutas y trabajos de saneamiento de la bahía de Panamá.

El caso de los sobornos de Odebrecht en Panamá tiene un correlato en Uruguay, donde hace un mes la justicia denegó por motivos formales la extradición al país centroamericano de la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura uruguayo, Pablo da Silveira, acusada de lavado de activos.

Cikurel, uruguaya de 46 años, fue detenida a fines de febrero pasado por la Interpol en Colonia, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires junto a Da Silveira, cuando éste ya había sido designado ministro por el todavía presidente electo Luis Lacalle Pou, que asumiría el gobierno el 1 de marzo.

La mujer figura como apoderada de cinco empresas a través de las cuales Odebrecht pagó, años atrás, sobornos al entonces presidente Martinelli, según informó en aquellos días la prensa uruguaya.

A fines de 2016, Odebrecht admitió ante el gobierno de Estados Unidos que había pagado cerca de 788 millones de dólares en una docena de países, 59 millones de ellos en Panamá.

Al ser detenida, Cikurel fue enviada a prisión preventiva domiciliaria mientras se esperaba la solicitud formal de extradición desde Panamá, y a fines de mayo quedó liberada pero con prohibición de salir del país y la obligación de reportarse todas las semanas en una comisaría.