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El asesinato de George Floyd desató en Estados Unidos una ola de protestas, reformas y hasta promesas electorales que se concentraron en las policías, pero no parecen haber alcanzado aún al otro pilar que sostiene al racismo estructural: el sistema penal. 

Floyd fue asesinado cuando era arrestado por supuestamente intentar pagar con un billete de 20 dólares falso en Minneapolis y su muerte ya provocó importantes cambios en el Departamento de Policía y su financiamiento. Pero los policías son apenas el principal eslabón de un sistema racista que define y limita la vida de gran parte de la comunidad afroestadounidense en Minnesota.

«Minnesota tiene la peor disparidad en sentencias en el país. Tomas a dos personas con la misma imputación y con los mismos antecedentes. Los negros, latinos e indígenas reciben sentencias más altas que los blancos. Estamos peor que en Nueva York, Illinois o Luisiana», destacó en diálogo con Télam Abigail Cerra, un abogada de 39 años, ex defensora pública que asesora como voluntaria al gobierno de Minneapolis en la Comisión de Control de la Conducta Policial.

Minnesota tiene la peor disparidad en sentencias en el país. Los negros, latinos e indígenas reciben sentencias más altas que los blancos”

Abigail Cerra

Según la organización Sentencing Project, en promedio, los negros son condenados a prisión en cortes estaduales más de cinco veces más que los blancos. En cinco estados, este promedio es el doble: Minnesota, Iowa, Nueva Jersey, Vermont y Wisconsin.

«Tuve muchos clientes latinos que fueron procesados por cargos muy leves de violaciones de tránsito, como no tener consigo la licencia de conducir. Cuestioné esas detenciones con el argumento de que la policía principalmente detenía a personas latinas por estas violaciones. Pero ningún juez nunca me dio la razón», contó Cerra.

«De la misma manera, hablaba con los fiscales y les decía: ‘Tenemos muchos casos en común y casi todos los casos de violaciones de tránsito son en contra de latinos. ¿Están viendo esta estadística? ¿Estarían dispuestos a usar su poder discrecional para no avanzar con estos casos? La respuesta fue siempre no», agregó.

Esta discriminación suele pasar inadvertida para el resto de la sociedad porque no se trata de casos famosos o mediáticos, como asesinatos o secuestros. Hace una semana, en el condado de Ramsey, al lado de Minneapolis, el titular de la Fiscalía anunció que ya no procesaría los casos de delitos leves, principalmente posesión de pequeñas cantidades de drogas durante la pandemia de coronavirus.

«El fiscal del distrito reconoció que hay demasiado racismo involucrado en esos arrestos y procesamientos, y decidió que solo procesarán crímenes importantes vinculados a drogas o que están agravados por el uso de violencia», explicó Cerra.

«Los fiscales de distritos y los fiscales generales tienen el poder para tomar esas decisiones. Pero aún si tu jefe no lo decide, cada fiscal tiene poder para no procesar un caso a nivel individual», agregó.

Jan Fennell tiene 32 años, trabajó durante la mayor parte de su carrera como investigadora para defensores públicos y luego como defensora pública en Washington, Seattle, Wisconsin y New Orleans, y recuerda haber tenido las mismas discusiones infructuosas con fiscales y jueces que Cerra.

Además de la disparidad en las sentencias y las estadísticas desproporcionadas de detenciones por violaciones de tránsito y posesión de drogas, Fennell destacó como uno de los principales problemas la llamada ley federal de tres strikes (en referencia al béisbol) que se aprobó en 1994 y luego replicaron la mayoría de los estados, y que supone que si el acusado tiene condenas previas, puede recibir una sentencia más dura.

«Una vez estaba en la oficina de un juez, él estaba mirando la audiencia de Brett Kavanaugh para ser confirmado como juez de la Corte Suprema. Kavanaugh fue acusado de violar a una mujer cuando estaba en la secundaria y el juez me dijo: ‘Lo que hagas en la secundaria, lo que hagas cuando sos joven…los chicos serán chicos, no es necesario hablarlo y él no debería ser castigado por eso'», relató a Télam.

«Justo yo estaba ahí para hablar sobre un cliente, un hombre negro, que enfrentaba una condena de prisión importante porque hace 10 años había sido condenado por posesión de cocaína. -continuó- Entonces le dije: ‘Qué interesante lo que dice de Kavanaugh porque ahora está condenando a mi cliente por un cargo previo de posesión de hace 10 años’. Me respondió: ‘Bueno, eso es diferente y Kavanaugh está nominado para la Corte Suprema'».

Los intentos de reforma

Hace cinco años, el ex presidente Bill Clinton reconoció que la ley de tres strikes que promulgó bajo su Presidencia empeoró la sobrepoblación de las cárceles en Estados Unidos, en donde a nivel federal y estadual los negros son la primera minoría, pese a representar solo el 13% de la población nacional.

«Promulgué una ley que empeoró el problema y quiero admitirlo», dijo ante una de las organizaciones afroestadounidenses más antiguas del país.

Barack Obama también lo reconoció y en una visita a una prisión federal dijo que muchos de los jóvenes presos allí habían «cometido errores no tan distintos» a los de su juventud.

Por eso, intentó impulsar una reforma penal, que funcionara como punta de lanza para reformas penales en los estados, pero para ese momento ya había perdido el control de las dos cámaras del Congreso.

Su último logro en la materia fue la recomendación que dio su fiscal general, Eric Holder, para que los fiscales federales de todo el país dejen de procesar los cargos de posesión de marihuana.

El vicepresidente de Obama y casi candidato presidencial demócrata, Joe Biden, defendió durante esta campaña la ley de tres strikes que el ayudó a redactar como presidente de la Comisión de Justicia del Senado porque, sostuvo, ayudó a bajar la tasa de criminalidad en las ciudades.

Desde el oficialismo, en tanto, Doland Trump no dio ninguna señal de querer reformar o cuestionar el sistema penal en favor de las minorías. Una de sus primeras medidas al llegar a la presidencia fue suspender la orden de Holder y revitalizar la llamada guerra contras las drogas.