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El Congreso aprueba una ley para que el Estado recupere bienes de la corrupcin
La Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador aprobó la llamada Ley de Extinción de Dominio, que permitirá al Estado recuperar bienes que sean producto de hechos de corrupción y otros delitos, con un proceso paralelo al que se siga en la justicia, iniciativa que regirá con los principios de los retrospectividad, imprescriptibilidad y reciprocidad internacional.
El Ejecutivo tendrá ahora 30 días para hacer observaciones y proponer eventuales modificaciones.
Aunque el texto fue aprobado casi por unanimidad, hubo tensión en el recinto porque hubo que votar antes una propuesta de modificación para que la ley no fuera retrospectiva.
“No podemos aprobar leyes por mucho que nos suene bonito, que más bien suena a demagogia, sin pasiones y actuando con la razón; simplemente no podemos aprobar leyes inconstitucionales o que violentan los tratados internacionales”, argumentó la correista Noralma Zambrano, que impulsó un texto alternativo.
El cambio no prosperó, y finalmente la AN aprobó el texto original, reportaron el sitio Primicias y el del diario El Comercio.
Por la iniciativa se establece el procedimiento para declarar la titularidad a nombre del Estado de bienes de origen ilegal o ilícito, paso que se dará a través de los jueces especializados en corrupción y crimen organizado.
La Ley de Extinción de Dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado, sin contraprestación, compensación o pago alguno, de bienes adquiridos mediante acciones u omisiones contrarias al derecho, es decir, bienes de origen ilícito.
La extinción de dominio se podrá ejecutar solo después de una sentencia, que será independiente al proceso penal. Habrá dos etapas, una inicial, de investigación patrimonial, que estará a cargo de la Fiscalía General del Estado; y una judicial, a cargo del juez competente. La Procuraduría es quien actuará en representación del Estado ecuatoriano.
La Ley crea el Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, una nueva institución que se encargará de la administración de los bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo, inversiones nacionales e internacionales, y demás productos financieros o bursátiles que hayan sido sujetos de la extinción de dominio.
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