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La investigación realizada por la PFA surgió tras una denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de los Estados Unidos, «en la que se informaba que un usuario de Google, localizado en Argentina, habría distribuido más de 20.000 archivos con contenido de abusos sexuales a niños y niñas, en su mayoría de entre 4 y 10 años», según un comunicado de la PFA,

Las pesquisas de la Policía Federal permitieron establecer el origen de las conexiones IPs y el domicilio del sospechoso, ubicado en Benavidez, provincia de Buenos Aires”

Desde esa ubicación, según se pudo constatar, se exportaba el material pornográfico que se distribuía, entre otros países, en Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Ucrania y Rusia.

La Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil de San Isidro, a cargo del Dr. Gonzalo Acosta, «ordenó al personal de la fuerza allanar la vivienda, donde fue detenida la persona y fueron secuestradas una notebook, una CPU, seis teléfonos celulares y demás documentación de importancia para la causa».

El sospechoso, de 47 años, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por «Distribución de Material Pornográfico Infantil Agravado», agrega la información oficial.

La investigación realizada forma parte de las acciones de profesionalización de las fuerzas de seguridad federales en materia de delitos complejos y su ramificación transnacional.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, «ha planteado a las fuerzas federales la necesidad de su modernización, actualización y capacitación permanente en materia de esta tipología de delitos complejos que han adquirido dimensiones globales y que forman parte de la agenda internacional contra los delitos informáticos y su imbricación con los delitos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y de pornografía infantil».

El comunicado de la PFA agrega que «una vez inspeccionados los más de 20.000 archivos en la Base de Datos de Explotación Sexual Infantil -ICSE- de Interpol, administrada por la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia, y que tiene como objetivo la identificación de víctimas y la detención de sus victimarios, se logró determinar que más de 70 de esos archivos habían sido denunciados por las Unidades Policiales Especializadas en delitos contra Menores de República Checa, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Ucrania, Costa Rica, Hungría, Rusia y Canadá».

Allí se pudieron identificar 23 víctimas y 22 agresores, lo que dio lugar al inicio de nuevas investigaciones en dichos países, concluye el comunicado.