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Con el fallo del TSJ «se prohíbe al niño lo que le corresponde por derecho» – Télam

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La falta de vacantes en el nivel inicial es un problema de más de diez años en la Ciudad de Buenos Aires.

La falta de vacantes en el nivel inicial es un problema de ms de diez aos en la Ciudad de Buenos Aires.

Especialistas en infancias y en educación inicial rechazaron el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que niega el derecho de una madre a reclamar una vacante para su hijo y aseguraron que de esta manera desde la Justicia «se le prohíbe al niño lo que le corresponde por derecho».

«La familia es la que decide a que nivel de educación mandará a su hijo, ya sea privado o estatal, lo que llama la atención es que la Justicia corra al Estado como garante del derecho a la educación y le prohíba el acceso a un derecho consagrado por la Constitución nacional, la porteña y tratados internacionales», dijo a Télam Rut Kuitca, directora de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP).

El fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño, máximo órgano de Justicia de la Ciudad, hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad del gobierno de la Ciudad ante la demanda presentada en el año 2017 por la madre de un niño de dos años que pedía que se le garantizara la vacante a su hijo en un jardín de infantes.

Los integrantes del Tribunal, integrado por Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, revocaron dos fallos de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones a favor de la demandante al argumentar que el Estado «no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquél que la solicite».

Indica además que esta falta de obligación es «con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado». Kuitca destacó que este falló «va en contra de lo que dice el artículo 24 de la Constitución porteña, la Ley de Educación Nacional, que considera un solo bloque pedagógico desde los 45 días a los cinco años y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño».

La titular de OMEP aseguró que de esta forma «el Estado se está corriendo de su lugar de garante del derecho a la Educación y de la obligación de tener vacantes para que luego las familias decidan si lo mandan a un privado a una escuela pública».

La especialista destacó que ahora «seguirá pasando lo que está ocurriendo actualmente, que una familia que no puede mandar a un jardín privado recurra a un centro de primera infancia, cuyos programas no están avalados por el Ministerio de Educación o que la misma familia contenga al chico hasta que cumpla los cinco años».

La falta de vacantes en el nivel inicial es un problema de más de diez años en la Ciudad de Buenos Aires a raíz de una demanda cada vez mayor y de la falta de políticas públicas que den respuesta.

«Al principio la educación inicial no estaba incorporada al sistema educativo pero las leyes de los últimos años hicieron que sea obligatoria a partir de los cuatro años, mientras que desde los 45 días a los 3 años, debe estar universalizada. La Ciudad de Buenos Aires acompañó en forma muy lenta este proceso, falta infraestructura y cargos docentes», analizó Kuitca.

El déficit anual de alumnos que se quedan sin poder ingresar al sistema educativo porteño van desde los cinco mil a nueve mil chicos.

«Llama la atención que desde la Justicia se diga que una familia no puede reclamar una vacante, eso es un derecho del niño, por eso genera tanto rechazo», destacó Kuitca.

Por su parte, José Machain, ex consejero en la Legislatura del Consejo de los Derechos de los Niños y secretario adjunto de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), aseguró que el fallo «representa un grave ataque al Derecho a la Educación en general, y al Derecho de la primera infancia».

Explicó que los niños tienen derecho a «acceder a su educación y cuidados de calidad, gratuita y universal, sin discriminación ni segregación de ningún tipo», y asegura que el fallo «vulnera el principio de no regresividad de las políticas».

Precisa además que se despliega un andamiaje de argumentos que pretenden relativizar el mandato de la Constitución y significan «un retroceso en la plena vigencia del Derecho a la Educación Pública, Laica y Gratuita en la Ciudad».

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y otros organismos de la sociedad civil llamaron a adherir a un pedido de juicio político al TSJ ya que el fallo «vulnera el derecho de acceso a la educación pública, laica, gratuita y estatal de miles de infancias y juventudes con total impunidad».

En tanto la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna (Frente de Todos), aseguró que el fallo «violenta» la Constitución nacional.

«Es una decisión que restringe el acceso al derecho a la educación, desestimula la inversión del Estado para su cumplimiento, desautoriza la Constitución nacional y de la Capital Federal, y establece un precedente peligroso en esta materia», afirmó la legisladora nacional en un comunicado divulgado.

La Asociación Civil por la Igualdad ante la Justicia (Acij) quien presentó y acompañó la demanda de la madre, anticipó que apelará el fallo del TSJ a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Acij destacó que hace casi 10 años, en el marco de un acuerdo vigente la Ciudad «reconoció la importante problemática de falta de vacantes y se comprometió, como marca la Constitución de la Ciudad, a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días y hasta los 5 años, a través de un plan de obras sostenido y financiado en el tiempo».

Pero «esta situación solamente ha empeorado, debido a que en 2019 se le negó el derecho de acceder a la educación inicial a 9.120 niñas y niños, lo que implicó un agravamiento del déficit de prácticamente 3.500 vacantes en comparación a 2011, año en el cual eran 5.629 niñas y niños quienes encontraron vulnerado su derecho a la educación».



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