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La pandemia oblig a reacomodar la agenda del primer ao de gestin.

Cuando el 10 de diciembre Alberto Fernández asumió la conducción del Gobierno, la Argentina venía en caída libre, con una economía diezmada por la inflación y el endeudamiento y una sociedad en la que la pobreza crecía y se profundizaba hasta llegar a altos niveles de indigencia.

«Empezar por los últimos para después llegar a todos», fueron las palabras con las que Alberto Fernández arrancó su Gobierno. Casi como un vaticinio, el flamante mandatario no sabía que la frase se convertiría, sin víspera, en el eje de su primer año de gestión en un sentido que él mismo aún no sabía que iba a tener.

La Covid-19, un virus desconocido, llegaba a la Argentina desde otros continentes cuando el Gobierno todavía no había cumplido tres meses de gestión. Un impensado giro fue necesario para poder enfrentar la urgencia de la declarada pandemia.

A la prisa de la lucha contra la pobreza se sumaba la batalla contra una enfermedad con niveles alarmantes de propagación y muerte, y el Gobierno marcaría nuevamente su rumbo al decretar que «nadie se quede sin recibir atención», coherente con la idea fundacional de su gestión.

La pobreza heredada del gobierno de Mauricio Macri e incrementada por efecto de la pandemia estuvo en el centro de las polticas pblicas.

Las primeras acciones que realizó el Gobierno, ajustadas al apuro que marcaba el virus, tuvieron como horizonte a esos millones de argentinos sumidos en la pobreza, la estructural que ya existía en la Argentina, la que dejaron los años de Gobierno macrista y la que generaría la pandemia.

Para esos argentinos, que sumaron 9 millones, se creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se agregó a la tarjeta Alimentar, que el Gobierno ya había puesto en marcha a través del Ministerio de Desarrollo Social apenas asumió, antes de la pandemia, en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre para que las familias más necesitadas destinaran a la compra de alimentos saludables.

Al IFE se sumaron otras medidas de contención social -como el congelamiento de tarifas de transporte, luz y gas; los bonos y medicamentos gratis para jubilados-; se amplió el programa para beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), el Potenciar Trabajo que fomenta la economía popular y el Progresar para jóvenes.

Además, se relanzó el programa Precios Cuidados y la asistencia estatal a comedores y merenderos, y se creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el Ministerio de Desarrollo Productivo para asistir a empresas en el pago de salarios a empleados ante la merma de la actividad económica y con la intención de que sostengan su actividad productiva, en caída en los últimos años del macrismo.

Se lanzaron además créditos a tasas subsidiadas para Pymes y monotributistas, y se reactivó la obra pública en distintos sectores, entre ellos el habitacional, a través del relanzamiento del Procrear de parte del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Esta batería de medidas permitió sostener la economía y a sus actores y representó casi un 7% del PBI.

La reestructuracin de la deuda con privados y las negociaciones con el FMI centrales en el primer ao.

Con estas medidas en marcha y la situación sanitaria y social controlada, el Gobierno se planteó retomar su agenda original, aunque adaptada a una nueva realidad.

Para eso debía lograr la reestructuración de 63.500 millones de dólares de deuda con acreedores privados y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), parte de la pesada herencia que también recibió.

El acuerdo con los acreedores se logró durante los primeros días de agosto con un nivel de adhesión del 99%, mientras continúan las conversaciones con el FMI para la reestructuración de la deuda, pero «no a costa del hambre de los argentinos», tal como marcó el Presidente iniciadas las negociaciones.

Con la mirada puesta en no hipotecar el futuro de los argentinos para pagar la deuda, tal como lo había prometido en su mensaje ante la Asamblea Legislativa apenas iniciada su gestión, el Gobierno buscó, con el ministro Martín Guzmán a la cabeza, una fórmula que reflejara la voluntad de pago de la Argentina y también la capacidad limitada que tenía para hacerlo.

Con el capítulo de la deuda encaminado, los niveles de contagio de coronavirus amesetados y la aparición de las vacunas en el horizonte, el Gobierno retomó su agenda y envió al Congreso proyectos de ley comprometidos y necesarios, y apostó al federalismo a través de la inversión en obras públicas en las provincias, con la conducción del ministerio de Interior.

Así, envió al Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que acompañó con el Programa de los 1000 días, que completa la presencia del Estado y asiste a las madres embarazadas y a los niños y niñas en la primera infancia, y que por primera vez en nueve meses de sesiones virtuales o mixtas, inauguró la presencialidad aunque con protocolos estrictos en el marco de la pandemia.

Llegó también al Parlamento el proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que permitirá sumar a las arcas del Estado 300 mil millones de pesos para destinar a planes productivos y sanitarios, el proyecto que le da mayor movilidad al haber jubilatorio y el que fija el monto para financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.

El envo al Congreso de la ley de Interrupcin Volunaria del Embarazo fue una de las iniciativas fuertes de 2020.

Este último proyecto, que corrige el incremento de fondos que el gobierno de Mauricio Macri le había otorgado por decreto a Horacio Rodríguez Larreta en 2016, dividió las aguas entre Nación y ciudad.

Otros proyectos que se debaten son el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, gracias a la extensión de las sesiones solicitada por el Poder Ejecutivo para los meses de verano, y el de reforma judicial para mejorar el funcionamiento de ese poder del Estado.

Con el amesetamiento de casos en las provincias llegaron las obras públicas, una herramienta que aporta nuevo dinamismo al generar empleo, y el proyecto de capitales alternas para terminar con el centralismo y la concentración que representa la Ciudad de Buenos Aires.

Siguió el Consenso Fiscal que firmaron todas las provincias -menos la ciudad de Buenos Aires- para dar previsibilidad a sus economías y la reasignación de los recursos coparticipables que recibía la Capital Federal, que ponía al resto de las provincias en un plano de desigualdad.

Frases como «nadie sobra» y «ninguno se salva solo» fueron el horizonte del mensaje y de las acciones que tomó el Gobierno en su lucha contra el hambre y contra la pandemia.

La reconstrucción de la industria nacional emergió en contraposición con «la aventura de la fuga de capitales» y la lucha contra el hambre tuvo «prioridad ética».

La reforma judicial se puso sobre la mesa para terminar con una Justicia contaminada por «vientos políticos», se intervino la Agencia Federal de Inteligencia y salió a la luz un escándalo de espionaje a políticos, periodistas y movimientos sociales, al tiempo que se le quitó secreto a sus fondos reservados que fueron reorientados al plan contra el hambre.

Los derechos humanos volvieron a ubicarse en el centro de la agenda gubernamental, se puso en primer plano los derechos de las mujeres, se creó un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -también otro de Vivienda y Hábitat- y se restituyó el Ministerio de Salud, que durante la gestión macrista había sido degradado a secretaría.

América Latina unida volvió a ser eje de la agenda internacional y el sueño de una «Argentina unida» el motor de la gestión, focalizada ahora en la «reconstrucción».

La agenda de Gobierno asumió el desafío en el que la colocó la pandemia y la gestionó con el cuidado de la vida como prioridad, pero sin perder de vista que serán las inversiones, la producción y el trabajo los que marcarán la salida de la crisis preexistente, agravada por el impacto global de la pandemia.