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Ninguno de los tres policías que abrió fuego durante la operación en la que murió la joven de 26 años fue inculpado de homicidio, pero mientras dos de ellos fueron dejados en libertad, el agente Hankison fue imputado por poner en peligro la vida de vecinos de Taylor, ya que sus disparos alcanzaron el apartamento contiguo al de la víctima.

Hankison, despedido de la policía en junio, está libre e intervino este lunes en una breve audiencia por teléfono.

Su abogado, Stewart Matthews, pidió que el policía pueda conservar las armas que posee «para defenderse», debido a «las amenazas que ha recibido en las redes sociales», un pedido rechazado por el juez, reportó la agencia de noticias AFP.

La decisión judicial sobre la muerte de Taylor provocó protestas en Louisville y en el resto de Estados Unidos de manifestantes que consideraban demasiado benevolente el trato reservado a los tres agentes.

La próxima audiencia del caso se celebrará el 28 de octubre, y Hankison podría ser condenado a hasta 15 años de cárcel.

Taylor murió el 13 de marzo por la noche, después de que los tres policías acudieran a su domicilio con una orden de registro especial que les permitía entrar a su casa sin avisar.

A su llegada, el novio de la víctima abrió fuego contra los agentes, y éstos replicaron con sus armas y varios disparos alcanzaron a Taylor.

El novio de Taylor aseguró que había confundido a los policías con ladrones, pero los agentes afirmaron haber anunciado su presencia antes de entrar, una versión confirmada por un testigo, según la fiscalía.

Hace dos semanas la ciudad de Louisville resolvió una demanda civil con el pago de 12 millones de dólares a la familia de Breonna.

Otro caso similar también alcanzó hoy el mismo resultado: la familia de William Green, otro ciudadano afroestadounidense asesinado por un agente de policía, recibirá 20 millones de dólares tras un acuerdo civil, anunció su abogado.

En uno de los acuerdos más grandes de este tipo en Estados Unidos, el condado de Prince George, en el estado de Maryland, pagará esa suma a la familia de Green, quien fue asesinado a tiros estando esposado a principios de este año.

«Es un acuerdo histórico que refleja la naturaleza atroz, la naturaleza brutal, la naturaleza sin sentido de lo que le sucedió a Green», dijo el abogado William Murphy.

Green fue arrestado el 27 de enero en el condado de Prince George, que limita con la capital estadounidense de Washington, luego de chocar supuestamente contra varios autos con el suyo.

El oficial Michael Owen le disparó presuntamente a Green, de 43 años, seis veces mientras éste permanecía esposado y sentado en el auto de la policía.

Owen, que también es negro, dijo que los dos forcejearon y que Green intentó tomar su arma.

Los investigadores descartaron esta acusación, y el oficial fue arrestado y culpado de asesinato.

Según el periódico The Washington Post, Owen tenía antecedentes recientes de uso cuestionable de la fuerza, pero no se habían tomado medidas al respecto.

Como la policía estadounidense tiene amplias protecciones por sus acciones mientras están en servicio, lo que se conoce como inmunidad calificada, las familias de las víctimas recurren cada vez más a demandas civiles contra municipios y condados para buscar justicia.