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El presidente Alberto Fernández dijo hoy no entender la «docilidad de cierta justicia» que acepta presiones, ratificó que desde el inicio de su gestión «los jueces saben perfectamente bien que no hay emisarios» en sus despachos del Poder Ejecutivo, y calificó de «métodos perversos» al presunto espionaje ilegal realizado durante la gestión de Mauricio Macri.

«No entiendo la docilidad de cierta justicia. Son demasiados los casos que se están viendo y son preocupantes», sostuvo Fernández sobre las supuestas presiones políticas a jueces federales en la gestión de Cambiemos y aseguró que los magistrados saben «perfectamente» que en su Gobierno «no van a recibir emisarios del Presidente ni del ministro de Justicia, ni de otros ministros».

En una entrevista con Radio 10, el Presidente explicó que los jueces, por su profesión, pueden sentirse presionados porque deben decidir sobre «partes en pugna», pero advirtió que el problema se da cuando los magistrados «terminan convirtiendo esa presión en un acto efectivo que los vuelve dóciles».

Consideró además «un espanto como práctica» que se hayan realizado tareas de espionaje a ex funcionarios del kirchnerismo y otras personas presas en la cárcel de Ezeiza durante el gobierno de Macri y confió en que todo eso «será materia de investigación de la justicia».

«Ahora espero que trabajen como Dios manda, con lo que tienen que hacer como jueces, y la inteligencia tendrá que trabajar en lo que tiene que trabajar, para prevenir motines, por ejemplo, no para saber qué es lo que habla un abogado con su cliente», graficó.

Fernández admitió que lo «sorprendió» esa denuncia sobre las supuestas tareas de inteligencia en el penal de Ezeiza y dijo que «seguramente» a él también lo «habrán grabado» cuando fue a visitar «a detenidos injustamente presos».

Argentina «está en mejores términos de calidad institucional» ahora, que cuando gobernó el país Cambiemos, respondió el Presidente, consultado más tarde en dialogo con Radio Rivadavia, por los dichos de ayer de Macri y de Elisa Carrió, quienes, en medio del escándalo por el presunto espionaje ilegal durante la gestión anterior, advirtieron sobre los supuestos “atropellos institucionales” del actual gobierno nacional.

«No sé cuál es el riesgo de la calidad institucional. Argentina no tiene espías espiando ciudadanos, no tiene una mesa judicial… Está mejor en términos de calidad institucional; se logró que el Congreso Nacional siga funcionando a pesar de la pandemia y hay absoluta autonomía del poder político de la justicia», argumentó.

La causa

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continuará la semana próxima exhibiendo elementos de prueba a las supuestas víctimas de espionaje ilegal llevado a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de fuerzas de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri; mientras continúa analizando otros incorporados al expediente en los últimos días tras una serie de allanamientos.

Con buena parte de la causa todavía bajo secreto de sumario, el juez Villena seguirá manteniendo el hermetismo mientras analice el producto de las medidas de prueba ordenadas, por ejemplo, sobre los penales de Ezeiza y Melchor Romero en los que se encontraron elementos que confirmarían que el espionaje ilegal también alcanzó a detenidos en esas cárceles.

El desfile de presuntas víctimas comenzó esta semana con los nombres de las dos personalidades políticas más trascendentes que incluye el expediente: a pesar de su rivalidad política, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta solicitaron ser tenidos por querellantes luego de que se les exhibieran fotos, videos y audios que darían cuenta que fueron espiados.

El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, aseguró ayer que los nuevos elementos incorporados a la causa por supuesto espionaje ilegal contra la ex mandataria y otros dirigentes políticos indican que se trató de una «asociación ilícita que se inserta al nivel de la Presidencia de la Nación» durante el período en el que gobernó Mauricio Macri.

El abogado dialogó con Télam después de haber presentado el viernes en el juzgado de Lomas de Zamora un escrito con datos que revelan que los espías mencionados en la investigación a cargo del juez Federico Villena «mantuvieron diversas reuniones en la propia Casa de Gobierno en una oficina que está situada a no más de 50 metros del despacho que ocupara Macri».

La información sobre los ingresos de los espías a Casa Rosada durante la presidencia de Cambiemos surge de un registro de acceso público dado a conocer por la organización Poder Ciudadano y robustece la información surgida de los celulares secuestrados, en el marco de la investigación judicial en los que se hablaba de infiltraciones y seguimiento a la ex Presidenta y a su espacio político.

De la información aportada al expediente por la Vicepresidenta y su abogado surge que los espías investigados en la causa de Lomas de Zamora ingresaron al menos 12 veces a la Casa Rosada entre mayo de 2018 y junio de 2019 y mantuvieron reuniones en el ámbito de la oficina de documentación presidencial, entonces a cargo de Susana Martinengo.

En el registro público de ingresos a la Casa Rosada surge que quienes ingresaban eran los ex espías Facundo Melo (abogado), Leandro Araque (actualmente policía porteño) y Jorge «el turco» Saez, quien -según pudo averiguar esta agencia- tenía conocimiento previo de Martinengo que, indicaron fuentes judiciales, solía decirles que lo que tuvieron para reportar «podía interesar arriba».

Los ex espías, sostienen desde sus entornos, respondían a las órdenes del entonces director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, quien reportaba directamente a la conducción de la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, según pudo reconstruir esta agencia.