[ad_1]
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sacó este miércoles adelante en el Parlamento el primer ingreso mínimo vital a nivel nacional, con el que pretende llegar a 850.000 hogares -unas 2,4 millones de personas- que se encuentran en situación o riesgo de pobreza, y que pretende ser un «escudo social» frente a la crisis del coronavirus.
El decreto de la medida estrella del Ejecutivo español fue aprobado en el Congreso de los Diputados -que lo tramitará en forma de ley- sin ningún voto en contra y con la sola abstención de los ultraderechistas de Vox, lo que supone una gran victoria para el presidente y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, uno de los artífices del proyecto.
Tras liderar durante los últimas semanas una dura ofensiva contra el gobierno por su gestión del coronavirus, el conservador Partido Popular (PP) dejó sola a la extrema derecha.
«Las sociedades más igualitarias y que protegen mejor los derechos sociales son más seguras», argumentó Iglesias, al defender el proyecto en el Parlamento, donde remarcó que «no hay libertad si no se llega a fin de mes».
Además, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos (UP) subrayó que medidas como el ingreso mínimo vital (IMV) son «la mejor vacuna frente a discursos del odio».
La propuesta estaba incluida en el acuerdo de programa del gobierno de coalición formado por el Partido Socialista (PSOE) y UP, pero se aceleró ante las consecuencias económica de la pandemia, que encaminó a España hacia la recesión y disparó el desempleo.
La diputada conservadora Pilar Marcos argumentó que su partido no se oponía porque fueron los gobiernos autonómicos -regionales- en manos del PP los que «primero pusieron en marcha las rentas mínimas».
«No es su proyecto», le espetó a Iglesias la diputada, quien pidió que el ingreso mínimo esté vinculado a la búsqueda de empleo. «No queremos una sociedad egoísta de personas dependientes», remarcó.
Por su parte, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz aseguró que su partido no se opondría a la medida porque «nuestros compatriotas necesitan ayuda», pero, advirtió, supone un riesgo el sistema de seguridad y provocará un «efecto llamada en la inmigración».
«No tiene sentido decir que van a ser beneficiarios quienes sean víctimas de trata de personas, porque es tanto como decir que serán todos los que llegan en patera», añadió, desplegando el discurso antiinmigración de la extrema derecha.
El ingreso mínimo vital de España oscilará entre 462 y 1.015 euros al mes, dependiendo de la composición del hogar, que puede ser unipersonal. Un 30% de los beneficiarios son menores, según estima el gobierno.
Durante el primer mes de vigencia del ingreso mínimo, el gobierno actuará de oficio con la intención de llegar rápidamente a unos 100.000 hogares que cumplen con los requisitos, sin que sea necesario que la soliciten.
De acuerdo con el gobierno español, esta ayuda «supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas» que viven con entre 245 y 362 euros al mes.
Pueden pedir esta ayuda hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales, siempre que la persona tenga entre 23 y 65 años y lleve al menos tres años constituido el hogar. Cuando es una pareja, el hogar debe estar formado desde hace un año.
Se requiere también al menos un año ininterrumpido de residencia legal en España, excepto para las personas vulnerables en situaciones de violencia de genero o explotación sexual.
En España ya están vigentes rentas básicas aunque con distintos criterios dependiendo la región.
En ese sentido, el gobierno central quiere que el ingreso mínimo vital sea un «mínimo nacional» que luego cada comunidad decidirá como complementar, para liberar recursos para las regiones.
El ingreso mínimo será compatible con rentas salariales e incluirá incentivos al empleo, de forma que los beneficiaros podrán realizar trabajos temporales o por cuenta propia sin perder la ayuda hasta alcanzar un determinado nivel de ingresos.
Se busca evitar así las denominadas «trampas de la pobreza» que se producen cuando los subsidios son incompatibles con el empleo y lo desincentivan.
Este es el principal argumento del sector empresarial para rechazar que la ayuda sea de carácter estructural.
El Ejecutivo español, en cambio, argumenta que la medida servirá para evitar la pobreza sobrevenida por la pandemia y, a su vez, tendrá un efecto sobre la economía ya que supondrá un estímulo al consumo.
De acuerdo con las nuevas previsiones de la OCDE, España será la economía más castigada por la crisis del coronavirus entre los países del G20 en el caso de que se produzca un rebrote de coronavirus este año, con un desplome del Producto Interior Bruto (PIB) del 14,4 %.
En el caso de que no se produjera la oleada, entonces, sería la cuarta con peores resultados, con una caída del 11,1 %, solo por detrás de Italia (-11,3 %), Francia (-11,4 %) y el Reino Unido (-11,5 %).
[ad_2]
Source link
