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Ana Castellani dio detalles sobre la reparacin de los expedientes de los empleados desaparecidos.

Más de 200 legajos de trabajadores del Estado desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar ya fueron reparados, indicando la verdadera causa de la interrupción del contrato laboral que fue el secuestro ilegal de esas personas a manos del Estado, mientras que otros 300 se encuentran en proceso de restauración.

En el Congreso Nacional tiene media sanción de la Cámara de Diputados un proyecto que contempla la reparación de los legajos de los trabajadores del sector privado, cuya sanción «sería fundamental para la memoria colectiva», dijo a Télam la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani.

La funcionaria -que firmó la reparación de dos legajos, junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti- remarcó que estas acciones tienen «suma importancia para la memoria colectiva sobre el Terrorismo de Estado y para las familias de esos trabajadores y trabajadoras que fueron detenidos desaparecidos».

Se trata de empleados que en los registros «seguían figurando como desafectados por ausencias sin aviso y abandono de los puestos de trabajo», indicó Castellani.

Consideró que hacer extensiva esta reparación para los trabajadores y trabajadoras del sector privado «también es fundamental».

María José Luján Mazzuchelli es hija de Cristina Mazzuchelli, militante montonera que se desempeñaba en el PAMI que fue desaparecida y luego asesinada en el año 76, en la provincia de Córdoba, por el terrorismo de Estado.

En diálogo con Télam, contó la emoción de hoy poder trabajar en el PAMI, luego de la reparación del legajo: «Cuando se la llevaron a mi mamá -y también a ella ya que estuvo en cautiverio en dos oportunidades- yo tenía dos años y por ese motivo no tengo muchos recuerdos».

«Poder trabajar hoy en el mismo lugar que ella, sabiendo además que fue su primer empleo, es algo que me la devuelva en cierta forma», confió.

Hasta ahora, además de los 226 legajos reparados -entre ellos el del hijo de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- hay unos 27 casos de jóvenes que además de recuperar la verdad en la hoja de ruta laboral de sus padres pudieron acceder a trabajar en los mismos lugares en los que se desempeñaban sus progenitores al momento de ser secuestrados.

Los datos fueron entregados a esta agencia por Julián Sacabbiolo, coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que surgió tímidamente en el año 2007 en «una oficina del exministerio de Obras Públicas donde nos empezamos a preguntar qué dirían los legajos de los compañeros desaparecidos», según contó.

Desde entonces han seguido desarrollando un trabajo continuado en el tiempo buscando documentación de trabajadores y trabajadoras desaparecidas «a modo hormiga» y que se vio recompensado con el Decreto 1199/2012 que ordenó la reparación de los legajos en el sector público, bajo la firma de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«El decreto salió en julio y su reglamentación se produjo en diciembre de ese año», recuerda Sacabbiolo.

«En el medio trabajamos mucho con Abuelas de Plaza de Mayo y el Archivo Nacional de la Memoria. Desde lo institucional, el trabajo se articula hoy con la Secretaria de DDHH y la jefatura de Gabinete en el área de Secretaria Administrativa de Empleo Público», explicó.

A la hora de reparar un legajo, el coordinador expresó que se puede realizar por varias vías «por pedido de familiares, o de sindicatos, o de alguna organización», y resaltó que los interesados cuentan en la actualidad con la posibilidad de hacerlo mediante la página de Trámites a Distancia.

Fernando Sanz -trabajador de PAMI e integrante de la comisión desde el año 2012- recordó que «se hizo una campaña de difusión en el año 2011 hasta el 2015 con muy buenos resultados donde se instaba a toda persona que hubiera trabajado en el Estado a acercarse a dar su testimonio vinculado a excompañeros desaparecidos».

«De allí surgieron muchos datos que permitieron recuperar historias», recordó tras destacar que las búsquedas «llevan años, son artesanales y en muchos casos se vinculan con las que desarrollan Abuelas a fin de encontrar a nietos».

«Luego, desde el 2015 hasta comienzos de este año, seguimos pero a modo de resistencia ya que no teníamos el acompañamiento del Gobierno anterior», dijo Sanz.

Otra arista de la búsqueda tiene que ver con que «muchas veces los legajos también fueron desaparecidos pero igual se hace un trabajo sobre la historia de esa persona a fin de llegar a la verdad».

Sobre la ley que tiene media sanción en Diputados, Sanz recordó que «es fundamental que sea aprobada porque toda política pública con enfoque en derechos humanos tiene que ser universal».

«En el año 2015 se votó en Diputados pero luego en el 2017 perdió estado parlamentario porque el Senado macrista no lo trató. Ahora, afortunadamente volvió a ser votada en Diputados y esperamos que el año próximo se convierta en ley», deseó Sanz.

El primer legajo recuperado fue el de Raúl Atencio en 2006, un trabajador del Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Sin embargo, el acto reparatorio se oficializó tras la firma del decreto de la actual vicepresidenta, junto a otros 122 legajos entre los que se encontraban trabajadores de Obras Sanitarias, Segba, Aerolíneas, YPF y Ferrocarriles.