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El presidente interino de Perú, Manuel Merino, afirmó que «no es responsabilidad del gobierno de transición» la crisis institucional desatada a partir de la reciente destitución de su antecesor, Martín Vizcarra, en medio de renovadas protestas callejeras en diversos puntos del país y de repercusiones en los otros poderes públicos.

El conflicto involucra también al Tribunal Constitucional (TC), que la semana próxima debe resolver sobre la competencia del Congreso para remover a Vizcarra, y al propio parlamento, que debe dar el voto de confianza al nuevo gabinete y designar jueces para el propio TC.

E inesperadamente salpicó a los medios de comunicación del Estado, dos de cuyos responsables renunciaron anoche tras denunciar un intento de «censura y manipulación» de los contenidos por parte del nuevo gobierno, que decenas de trabajadores de esas empresas repudiaron en una solicitada.

«Ha faltado explicar que los hechos que estamos viviendo no son responsabilidad del gobierno de transición», dijo Merino a la radio RPP, y sostuvo que «errores de comunicación» de su flamante administración contribuyeron a las protestas multitudinarias que se repiten a diario desde que el lunes pasado el Congreso destituyera a Vizcarra.

«Quizás hay una gran confusión, acá hubo un cambio constitucional, el sistema constitucional ha funcionado; nos puede gustar o no, pero ha funcionado», agregó a la misma emisora el presidente del Consejo de Ministros (primer ministro), Ántero Flores-Aráoz.

Las protestas se reprodujeron esta tarde, poco después de la declaración del mandatario, con epicentro en la plaza San Martín -en la zona histórica de Lima, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno y de la sede del Congreso- y se replicaron en diversos puntos de la capital y en varias ciudades del resto del país.

Las concentraciones de hoy fueron convocadas bajo los lemas «Que se vayan todos», «Fuera Merino» y «Nueva Constitución ahora», según un volante que reprodujo el diario limeño El Comercio.

Aunque esta tarde no se habían reportado incidentes, el clima era tenso como resultado de la represión policial de los últimos días, que dejó al menos 15 heridos (tres de ellos, de bala), según la organización humanitaria Amnistía Internacional, y fue cuestionada por esa entidad y por la ONU.

En ese contexto, decenas de manifestantes protestaron ayer frente a los domicilios de Merino y Flores-Aráoz, en los barrios limeños San Borja y La Molina, respectivamente, con pancartas que llamaban «usurpador» al primero y reclamaban la renuncia del jefe del gabinete.

También anoche anunciaron sus renuncias el presidente y el gerente general del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Eduardo Guzmán y Renzo Mazzei, quienes denunciaron que un «colaborador de confianza» de Merino les pidió que no informaran sobre las protestas del lunes pasado.

Inmediatamente, decenas de trabajadores de los medios estatales publicaron un comunicado en el que repudiaron la decisión de «pretender imponer una censura» que «resultaría inútil» porque «la información circula libremente por medios digitales» y además «significaría un inaceptable retroceso» para «los medios de comunicación públicos administrados en democracia».

La crisis se proyecta también sobre el TC, que el miércoles próximo deberá pronunciarse sobre la validez de la decisión del Congreso de remover a Vizcarra por la causa de «incapacidad moral permanente» prevista en la carta magna.

Mientras tanto, al menos cuatro bancadas -las de los centristas Partido Morado y Somos Perú, la centroderechista Alianza Para el Progreso (APP) y el izquierdista Frente Amplio (FA)- anunciaron que retirarán a sus legisladores de la comisión parlamentaria que debe elegir magistrados para el TC.

«No se puede elegir a miembros del TC en medio de esta crisis», justificó la congresista Silvia Santisteban, del FA, que pidió además la disolución de esa comisión, según la agencia de noticias Andina.

El fragmentado Congreso -las 130 bancas están repartidas entre 10 bloques, el más numeroso de los cuales tiene apenas 24 legisladores- debe asimismo conceder o denegar el voto constitucional de confianza al gabinete encabezado por Flores-Aráoz, para lo cual no hay fecha fijada aún.

Algunos legisladores del FA, el Frente Popular Agrícola (Frepap, evangélico) y hasta de Acción Popular (AP, la primera minoría y al que pertenece Merino) ya anticiparon que no darán el voto de confianza.

«Es un gabinete reciclado, no es un gabinete de ancha base, como se dijo en el discurso (inaugural de Merino); es un gabinete fujiaprista (por el expresidente Alberto Fujimori y el APRA, el partido del fallecido exmandatario Alan García) que no representa el sentir de las grandes mayorías y mucho menos a AP», explicó el congresista oficialista Hans Troyes.

Perú vive una inédita crisis institucional que en lo que va del presente período quinquenal de gobierno, iniciado el 28 de julio de 2016, se cobró la caída de los presidentes Pedro Pablo Kuczynski (en marzo de 2018) y su sucesor, Vizcarra, y la disolución de un Congreso (en septiembre de 2019).

Está previsto que Merino complete el período, pues cuando asumió ya estaban convocadas las elecciones generales para el 11 de abril de 2021.