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En el escrito presentado se pide que se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda en la que solicita una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y pide una medida cautelar en relación a la decisión del gobierno nacional de llevar del 3,5 por ciento al 2,32 el coeficiente de la coparticipación de impuestos de la Capital Federal.

La presentación realizada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es la respuesta al Decreto de Necesidad y Urgencia 735/2020 que con la firma del presidente Alberto Fernández se publicó el 20 de septiembre en el Boletín Oficial y que recupera un punto de la coparticipación que Mauricio Macri había destinado durante su gestión a la ciudad de Buenos Aires en 2016, al día siguiente de la aprobación del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.

En el escrito judicial del Gobierno porteño, firmado por la apoderada María Cristina Cuello, se solicitó que «se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 por ciento originado en el Consenso Fiscal».

Macri había aumentado la coparticipación que recibe la Capital Federal a través del DNU 194/2016 de enero de 2016 que llevó de 1,40% a 3,75% los recursos enviados a la Ciudad.

Macri había aumentado la coparticipación que recibe la Capital Federal a través del DNU 194/2016 de enero de 2016 que llevó de 1,40% a 3,75% los recursos enviados a la Ciudad.”

«En consecuencia, se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan», se solicitó en la presentación.

En otro de los puntos del escrito, se requirió que «se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020) del Poder Ejecutivo Nacional, por ser ilegal y arbitrario en modo manifiesto, así como de todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél».

El presidente Fernández, en medio de la discusión que se originó por este tema, recibió ayer a Horacio Rodríguez Larreta en la quinta presidencial de Olivos, por primera vez desde que anunció que se recuperaba un punto de los fondos coparticipables destinados a la Ciudad.

Si bien el marco del encuentro no fue la coparticipación, sino el análisis de las medidas que buscan contener la pandemia de coronavirus de cara al fin de la prórroga del aislamiento, el próximo 20 de septiembre, Larreta llegó a la quinta presidencial ya con una posición fuertemente tomada en torno al debate por los fondos.

«Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar de manera unilateral», había dicho apenas conocida la decisión el jefe de Gobierno porteño, además de calificar la medida de «inconstitucional».

Además, Larreta mantuvo encuentros de consulta con referentes políticos y parlamentarios de Juntos por el Cambio, como el senador Martín Lousteau y el diputado Maximiliano Ferraro, para sincronizar la estrategia legal y política que viene desplegando la Ciudad para recuperar esa participación impositiva.

La reunin en Olivos.

En la reunión en la quinta presidencial, según trascendió, el jefe de Gobierno porteño le adelantó al Presidente que hoy llegaría su reclamo a la Corte, como finalmente sucedió.

El texto presentado por Cuello, con el patrocinio del procurador Gabriel Astarloa, pide además que «se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,5%».

Asimismo, solicita que se ordene «la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad».

«Como medida cautelar y con sustento en lo normado por la ley 26.854, solicitamos se ordene la inmediata suspensión de los efectos – ejecutoriedad – del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020), así como de todos los actos administrativos que se hubieren dictado o se dicten en consecuencia», se reclama en otro tramo del escrito judicial.

El escrito

En el texto presentado ante el máximo tribunal del país, que tiene una extensión de 97 páginas, se pide a la Corte que ordene «al Estado Nacional que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado y/o que altere el coeficiente de la CABA o disminuya los recursos correspondientes a la transferencia de competencias federales».

En los argumentos del escrito ante la Corte, la administración de Horacio Rodríguez Larreta explicó que «el coeficiente asignado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya fuera el original de 1,4%, el mayor del que gozó de 3,75%, e incluso su reducción a 3,5% -en vigencia hasta el dictado del decreto 735/20- fue siempre establecido mediante el inevitable acuerdo de la CABA con el Estado Nacional, y goza además de ratificación legislativa».

En este sentido, se citan cinco convenios firmados entre la Ciudad y el Estado nacional para establecer los porcentajes de coparticipación del distrito.

«Permitir que el Estado Nacional modifique en forma unilateral en perjuicio de la CABA constituye una clara violación al régimen federal, a la autonomía de la Ciudad y al principio de igualdad por evidenciar una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias», resume el escrito.

También se señala que «el decreto cuya inconstitucionalidad se plantea sería el primero que fija de modo unilateral la alícuota de participación automática de la CABA» y se explica que «todos los anteriores coeficientes desde 1988 fueron producto de acuerdos».

El escrito judicial también señala que «resulta absolutamente inexacto y carente de sustento fáctico, como bien surge de la propia lectura del acto cuestionado, que el impacto presupuestario real de las funciones de seguridad asumidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires equivalgan a un 0,92» por ciento.

Esta aclaración surge porque en el último decreto que modifica el porcentaje de coparticipación de la Ciudad, el Gobierno nacional le reconoce al distrito el 1,40% que recibía históricamente más un 0,92%, que según la administración de Alberto Fernández es el agregado que debe recibir por hacerse cargo de los servicios de seguridad.