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Se trata de un pedido formulado por la diputada de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Waldo Wolff, Hernán Berisso, Mónica Frade, María Luján Rey, Graciela Ocaña, Josefina Mendoza, Adriana Cáceres y Natalia Villa.
«Nos preocupa cómo se viene desarrollando e implementando el Programa en los últimos seis meses de gestión», apuntó Joury a través de la iniciativa, al remarcar la importancia de contar con información acerca de su continuidad y los barrios en los cuáles se está implementando.
Asimismo, la diputada de JXC pide que el Poder Ejecutivo informe con qué fuerzas de seguridad se lo está haciendo, o si está previsto ampliarlo a otros barrios en este contexto como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.
Según Joury, el programa fue creado en 2016 en el ámbito del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, durante el gobierno de Mauricio Macri y comenzó como una prueba piloto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se implementó en el Barrio 31 y 31 bis y se extendió a varias provincias.
«Una política pública de seguridad tiene que tener como principal objetivo el combate al narcotráfico sin que exista la más mínima posibilidad de establecer un diálogo con los narcotraficantes. El objetivo debe ser la reconstrucción de la legalidad y legitimidad estatal en aquellos barrios que conviven y sufren el delito en sus calles», señaló Joury.
Asimismo, en el texto, los legisladores se mostraron preocupados ante el marcado incremento en las denuncias de delitos por parte de vecinos o reportes de medios de comunicación, «lo que evidencia que la inseguridad está aumentando en muchos barrios vulnerables y zonas urbanas, y de allí el objeto de este pedido de informes al gobierno nacional».
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