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La creación de un Consejo Nacional para definir políticas estratégicas, la demarcación del límite exterior de la plataforma continental y el diseño de nuevas sanciones económicas a la pesca ilegal en el Atlántico Sur son algunos de los ejes de tres proyectos de ley que el gobierno enviará al Congreso Nacional para reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, dijeron hoy fuentes oficiales.

Las iniciativas fueron anunciadas por el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, en un mensaje grabado transmitido vía Twitter.

Según el detalle de los proyectos, el gobierno busca planificar políticas de Estado que perduren en el tiempo y cuenten con el consenso de todo el espectro político.

El proyecto de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tiene ese objetivo, con la mirada puesta en la defensa de la soberanía.

La idea es «constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, conformado de manera amplia, multipartidaria y con la participación de distintos sectores sociales involucrados en la temática».

Como uno de los ejes centrales se menciona el fortalecimiento de «los consensos políticos y sociales, que garanticen la continuidad de las políticas que sustentan la legítima e imprescriptible soberanía argentina».

Ese consejo «impulsará también la participación, según corresponda, de sus miembros y de académicos dedicados al tema, en reuniones y seminarios nacionales e internacionales referidos a la Cuestión Malvinas, con el fin de impulsar el apoyo internacional a la posición argentina».

Estará integrado por el Presidente de la Nación -quien lo encabezará-, el canciller, y el secretario de Malvinas, tres diputados y tres senadores que representen a los bloques con mayor peso parlamentario, el gobernador de Tierra del Fuego, dos especialistas en derecho Internacional, tres miembros del sector académico y un representante de los ex combatientes.

El proyecto sobre Demarcación del Limite Exterior de la Plataforma Continental tiene como meta «consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo».

«La inclusión de los puntos que refieren a la demarcación de la plataforma continental proveniente de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el proyecto de Ley resulta imprescindible, y la eventual sanción de esta ley constituirá – ni más ni menos que – un nuevo acto de reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre tales áreas», se destaca entre los fundamentos del proyecto.

De esta forma, la iniciativa entiende que la publicación de las coordenadas de la plataforma continental «incrementarán la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias para todo el Pueblo Argentino y las generaciones futuras».

«Los derechos de la Argentina sobre su plataforma continental son inherentes, es decir, derivan de su carácter de Estado ribereño y no dependen de su ejercicio efectivo», dice el texto.

También pone de relieve que tras dos décadas de trabajo la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en Naciones Unidas fueron adoptadas «por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada el 21 de abril de 2009».

En tanto, otro de los proyectos busca actualizar y endurecer el régimen de sanciones contra la pesca ilegal de la Ley Federal de Pesca, «perpetrada muchas veces por buques extranjeros, incluyendo en el área de Malvinas».

Propone un régimen variable basado «en unidades de valor relacionadas al monto del combustible, que contempla su actualización» y, de esa forma, posibilita restituir todos «los gastos en que incurre el Estado una vez cometida la infracción».

Según el gobierno, esta ley «permite contar con una normativa flexible, más duradera en el tiempo y que se puede ajustar para asegurar que las sanciones cumplan con el objetivo de disuasión».

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, la ley Federal de Pesca 24.922 estaba «desactualizada, con montos que databan de 1997 (con una actualización para las causales agravantes del año 2008)» y, por esa razón, las sanciones monetarias no cumplían «el objetivo de desalentar las prácticas ilícitas por parte de los buques pesqueros».